Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Nick Brown

FOR IMMEDIATE RELEASE:

La Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó la ciudadanía por nacimiento hace más de un siglo

OLYMPIA — El procurador general Nick Brown anunció hoy que Washington está liderando una demanda federal multiestatal que desafía la orden inconstitucional del presidente Donald Trump que intenta despojar unilateralmente de la ciudadanía a estadounidenses a lo largo de Estados Unidos, incluidos miles de bebés que nacen en Washington cada año.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, fue acompañada por Oregón, Arizona e Illinois. La demanda sostiene que la orden ejecutiva del presidente Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad. La demanda afirma que el presidente no tiene autoridad para anular la Constitución y que ninguna disposición constitucional o ley lo faculta para determinar a quién se le debe conceder o no la ciudadanía estadounidense al nacer.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos".

La Ley de Inmigración y Nacionalidad dispone que "una persona nacida en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es un nacional y ciudadano de los Estados Unidos al nacer".

Si se permitiera su aplicación, esta orden inconstitucional y anti-americana haría que miles de recién nacidos y niños en Washington perdieran su capacidad de participar plena y justamente en la sociedad estadounidense como ciudadanos, a pesar de la garantía constitucional de su ciudadanía.

"Mi compromiso con esta oficina y con toda la gente de Washington es que estaremos preparados", declaró Brown. "Haremos todo lo que esté en nuestras manos para defender los derechos de los habitantes de Washington."

El gobernador Bob Ferguson también criticó el ataque de la administración Trump a la ciudadanía por nacimiento.

“Comenzamos a prepararnos para este escenario hace más de un año”, dijo Ferguson. “El excelente equipo de la Procuraduría General está listo para luchar contra esta acción ilegal, y contará con el apoyo total de mi administración”.

Mónica Mendoza-Cawthon, una residente de Kent cuyos padres inmigraron de México y que nació ciudadana, compartió cómo esta orden impacta a su familia y a millones de personas como ellos.

"Mis padres vinieron aquí con la promesa de un sueño americano, la promesa de libertad, de democracia. En gran medida gracias a sus sacrificios, pude convertirme en una graduada universitaria de primera generación, y ahora soy la primera graduada de la facultad de derecho de mi familia, lista para tomar el examen de abogado a finales de este año", dijo Mendoza-Cawthon. "Desafortunadamente, estamos en un momento oscuro en nuestro gobierno nacional, donde los sueños de mis padres corren el riesgo de ser arrebatados a muchas personas en el futuro".

La Orden Ejecutiva del Presidente Trump “Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense” establece que un niño nacido en los EE. UU. debe tener al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para convertirse automáticamente en ciudadano estadounidense. Las declaraciones de campaña del presidente dejaron en claro que esta orden tenía como objetivo frenar la inmigración ilegal.

Aunque el presidente tiene una autoridad amplia en materia de inmigración, la demanda de Washington sostiene que el presidente actuó muy por fuera de los límites de su autoridad legal al emitir esta orden. Brown también afirma que permitir que las agencias federales la implementen y hagan cumplir causará daño a miles de habitantes de Washington y al estado en general.

Quitar ilegalmente a los ciudadanos estadounidenses su derecho a la ciudadanía afectará su capacidad para votar, viajar al extranjero, acceder a vivienda, obtener atención médica, conseguir empleo, postularse para cargos públicos, servir como jurados y, en general, participar plenamente en la sociedad estadounidense.

Además, la orden federal causará un daño irreparable a Washington y a los estados donde viven esos ciudadanos. Washington administra numerosos programas para apoyar la salud y el bienestar de sus residentes. Muchos de esos programas se financian con fondos federales, los cuales se reducirían como consecuencia de la orden.

La demanda busca impedir que las agencias federales actúen en base a esta orden inconstitucional. Washington busca una orden judicial de emergencia que impida que cualquier agencia federal se base en la orden para negar los privilegios de la ciudadanía (incluidos pasaportes, números de seguridad social, beneficios de atención médica y más) a los bebés nacidos en los cuatro estados incluidos en la demanda de Washington.

Colleen Melody, jefa de la División de Derechos Civiles Wing Luke, los subprocuradores generales Lane Polozola, Daniel Jeon y Alyson Dimmitt Gnam, y la paralegal Tiffany Jennings están a cargo del caso por parte del estado de Washington.

Historia de la ciudadanía por nacimiento

La primera oración de la Sección 1 de la Decimocuarta Enmienda (una de las tres enmiendas de la "Reconstrucción" aprobadas tras la Guerra Civil) es clara: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado en que residen".

Esta disposición, conocida como la Cláusula de Ciudadanía, otorga la ciudadanía de manera automática a cualquier persona nacida en los Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio o de la ciudadanía de sus padres.

Tres décadas después de su adopción en 1868, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la garantía de ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark.

Wong Kim Ark nació en San Francisco en 1873, hijo de padres chinos que residían en los Estados Unidos. Sus padres no eran ciudadanos estadounidenses y regresaron a China en 1890. Tras un viaje a China para visitar a sus padres en 1895, a Wong Kim Ark se le negó el reingreso a los Estados Unidos y se le informó que no era ciudadano estadounidense.

En 1898, la Corte Suprema dictaminó que él era, de hecho, ciudadano estadounidense según las "palabras claras y la intención manifiesta" de la Decimocuarta Enmienda.

"La ciudadanía por nacimiento se establece por el simple hecho de nacer bajo las circunstancias definidas en la Constitución", escribió la mayoría. "Toda persona nacida en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, se convierte inmediatamente en ciudadana de los Estados Unidos, sin necesidad de naturalización".

La Corte también aclaró quién está "sujeto a la jurisdicción" de los Estados Unidos: "Todo ciudadano o súbdito de otro país, mientras esté domiciliado aquí, está bajo la lealtad y protección de los Estados Unidos, y, por ende, sujeto a su jurisdicción". Según la corte, las únicas excepciones eran los extranjeros que se encontraban en Estados Unidos como diplomáticos y a los nacidos de padres no ciudadanos en territorios de Estados Unidos bajo ocupación hostil.

Además, el Poder Ejecutivo del gobierno federal ha aceptado y respaldado esta interpretación de la Cláusula de Ciudadanía durante más de un siglo. En 1995, cuando el Congreso consideró una propuesta de ley que habría negado la ciudadanía a ciertos niños nacidos en los Estados Unidos en función del estatus migratorio o de ciudadanía de sus padres, la Oficina de Asesoría Lega) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos calificó la propuesta como "indudablemente inconstitucional".

Preparativos para el segundo mandato de Trump

Durante el último año, la Oficina del Procurador General ha estado preparándose para un posible segundo mandato presidencial de Donald Trump.

En particular, los abogados de la oficina han seguido de cerca las declaraciones de Trump en la campaña electoral y han analizado línea por línea el Proyecto 2025, un manual de políticas de casi 1000 páginas redactado por algunos de los aliados más cercanos del presidente. Esto, con el objetivo de prepararse ante los posibles daños que podrían surgir si Trump intenta implementar alguna de esas políticas. La oficina también ha estado trabajando con otros procuradores generales estatales, con sus equipos legales y con directores jurídicos de organizaciones clave en Washington para coordinar recursos.

Entre las promesas de campaña de Trump para las elecciones de 2024, destaca el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento "el primer día" de su presidencia. Otros planes delineados en el Proyecto 2025 y la Agenda 47 incluyen restricciones a los derechos reproductivos, el acceso a la atención médica y las protecciones ambientales.

Entre 2017 y 2021, durante el primer mandato de Trump, la Oficina del Procurador General logró frenar 55 acciones y políticas ilegales de su administración. Washington lideró 36 de esos casos, incluyendo la impugnación a la prohibición de viajes para musulmanes impuesta por Trump.

En una conferencia de prensa posterior a las elecciones, en noviembre, Brown destacó que Washington es reconocido a nivel nacional como un líder en este tipo de iniciativas, y que esa labor continuará.

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El Procurador General de Washington sirve a la gente y al estado de Washington. Como el bufete de abogados más grande del estado, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a cada agencia, junta y comisión estatal en Washington. Además, la Oficina sirve a la gente directamente al hacer cumplir las leyes de protección al consumidor, derechos civiles y protección ambiental. La Oficina también procesa casos de abuso de ancianos, fraude a Medicaid y maneja casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Visite www.atg.wa.gov para obtener más información.

Contacto de prensa:

Mike Faulk, Director Adjunto de Comunicaciones, Mike.Faulk@atg.wa.gov

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