Other LanguagesSe considera la resolución de derechos civiles por el estado más grande en la historia de Washington
SPOKANE — El procurador general Bob Ferguson anunció hoy que Horning Brothers, LLC, una compañía agrícola con base en Quincy, deberá pagar $525,000 como resultado de una demanda de cumplimiento de derechos civiles por el acoso sexual al que fueron sometidas varias trabajadoras agrícolas, así como también por prácticas de contratación y de empleo discriminatorias por razón de sexo y represalias contra las trabajadoras que denunciaron estas conductas indebidas.
Las mujeres afectadas por tales conductas recibirán compensación por el daño ocasionado. La compañía deberá también adoptar una política antidiscriminatoria y antirepresalia aprobada por la Oficina del Procurador General, además de otros mandatos judiciales.
El Proyecto de Justicia del Noroeste (Northwest Justice Project), que trabajó en el caso junto a la Oficina del Procurador General, refirió el caso y representó a cinco de las trabajadoras que intervinieron en el caso como demandantes.
“Horning Brothers recibió múltiples avisos durante varios años sobre el problema de acoso sexual en la compañía, pero permitió que continuara sin estorbo”, afirmó Ferguson. “El resultado de hoy obliga a un cambio cultural en Horning Brothers al brindar justicia a las mujeres que fueron acosadas y proteger a futuras empleadas.”
En una demanda iniciada en el 2017, Ferguson alegó que las operaciones y políticas de Horning Brothers permitían que el capataz de la compañía, Hermilo Cruz, acosara sexualmente y discriminara a las empleadas durante varios años. Cruz y la compañía tomaban represalias contra las empleadas que rechazaban los avances de Cruz o se quejaban de su conducta.
El decreto de consentimiento obligará a Horning Brothers a:
- Pagar $525,000 a la Procuraduría General para indemnizar a las trabajadoras que fueron víctimas de acoso y represalias, y para reembolsar los costos y honorarios judiciales incurridos por el Proyecto de Justicia del Noroeste
- Prohibir que Cruz ostente cargo alguno de supervisión en Horning Brothers
- Implementar procedimientos para que empleados se puedan quejar de acoso, discriminación y represalia
- Establecer procedimientos de investigación para asegurar que las denuncias de discriminación, acoso y represalia sean debidamente investigadas
- Proporcionar informes semestrales a la Procuraduría General y notificar al Procurador General sobre cualquier denuncia de discriminación, acoso sexual o represalia presentada por sus empleados
- Adoptar una política antidiscriminatoria y antirepresalia integral aprobada por la Procuraduría General
- Proporcionar entrenamientos anuales para la gerencia de Horning Brothers sobre las obligaciones bajo el Título VII y la Ley de Washington Contra la Discriminación, así como también entrenamiento para el personal
- Proveer a los empleados temporales y de tiempo completo de Horning Brothers las políticas y procedimientos de la compañía tanto en inglés como en español
El monto de la indemnización que las mujeres recibirán dependerá de la naturaleza y grado del acoso y el período de tiempo en que trabajaron para Horning Brothers. El monto máximo que recibirán las personas damnificadas será de $98,000.
Aún falta que el decreto de consentimiento sea aprobado por un juez federal.
Horning Brothers había intentado evadir su responsabilidad por las conductas de acoso de su capataz, aduciendo que la compañía tenía una política contra el acoso sexual que permitía a las trabajadoras presentar denuncias ante la gerencia.
El 11 de setiembre de 2018, el juez Thomas O. Rice concedió la petición de Ferguson de un juicio sumario parcial en este caso. El tribunal concluyó que la “política de discriminación y el mecanismo de denuncias de Horning Brothers no eran eficaces para abordar y prevenir el acoso sexual” y que “Horning Brothers no actuó con prontitud después de que una de las trabajadoras denunciara ser acosada.”
En su decisión, el tribunal coincidió con la Procuraduría General en que había “pruebas abrumadoras” del acoso de Cruz con las que “un jurado razonable pudiera concluir que las supuestas víctimas fueron objeto de conductas verbales y físicas indeseadas de índole sexual que crearon un ambiente de trabajo abusivo”.
Antecedentes del caso
Horning Brothers operaba un almacén de empaque de cebollas en Quincy, donde Cruz era el capataz. La compañía emplea a 10 trabajadores de tiempo completo y entre 24 y 40 trabajadores temporales. Desde por lo menos el año 2012, la compañía y Cruz solo contrataban mujeres para la clasificación de cebollas en la línea de empaque, y limitaban las contrataciones de mujeres para otros puestos de trabajo.
La investigación del Procurador General comenzó en 2016 e incluyó entrevistas con varios testigos y víctimas.
Varias clasificadoras (sorteadoras) fueron presuntamente sometidas a insinuaciones sexuales indeseadas, y a veces graves e invasivas, por parte de Cruz, que incluían solicitudes de sexo, comentarios sobre su apariencia física, gestos abiertamente sexuales, manoseos y contacto físico no deseado.
Cruz controlaba quiénes conseguían trabajos en el almacén de empaque de cebollas, que eran muy buscados debido a la dificultad en encontrar trabajos agrícolas invernales en el condado de Grant. Las empleadas temían que si se resistían a los avances de Cruz o denunciaban su conducta, perderían sus trabajos. La evidencia del caso demostró que varias mujeres que trataron de quejarse sobre la conducta de Cruz fueron reprendidas, despedidas o no volvieron a ser contratadas en la temporada siguiente.
A partir del 2015 había cerca de 100,000 trabajadores agrícolas en el estado de Washington, de los cuales las mujeres comprendían cerca del 28%. El acoso sexual en la industria agrícola es un “riesgo laboral” que tiene un profundo impacto en la capacidad de las mujeres para trabajar en forma segura y productiva, según el Centro Agrícola de Seguridad y Salud del Noroeste del Pacífico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington (University of Washington School of Public Health’s Pacific Northwest Agricultural Safety & Health Center).
La Jefa de la División de Derechos Civiles Wing Luke, Colleen Melody, y el Subprocurador General, Patricio Márquez, dirigieron el caso.
La División de Derechos Civiles Wing Luke se creó en el 2015 para proteger los derechos de todos los habitantes de Washington al hacer cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación. Se llama así en homenaje a Wing Luke, quien fue Subprocurador General del estado de Washington a finales de la década de 1950 y a principios de la década de 1960. Él fue la primera persona de color elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y el primer asiático estadounidense elegido para ocupar un cargo público en el Noroeste del Pacífico.
La Ley de Washington Contra la Discriminación prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, discapacidad o condición de veterano o militar con licencia honorable.
Hay más información disponible sobre las leyes de derechos civiles de Washington para el empleo en http://www.hum.wa.gov/employment. Las personas que crean haber sido víctimas de discriminación laboral pueden presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en http://www.hum.wa.gov/discrimination-complaint o comunicarse con la Oficina del Procurador General a civilrights@atg.wa.gov.
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La Oficina del Procurador General es la oficina legal principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones a través del estado que proveen servicios legales a aproximadamente 200 agencias, juntas y comisiones estatales. Visite al www.atg.wa.gov para más información.
Contactos:
Dan Jackson, Director Interino de Comunicaciones, (360) 753-2716; DanJ1@atg.wa.gov