Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

FOR IMMEDIATE RELEASE: 
Aug 19 2015

Acciones legales contra cuatro empresas para exigir el cumplimiento, más cientos de miles en sanciones y resarcimientos buscan frenar el fraude en los servicios de inmigración 

SEATTLE — Hoy, el Procurador General Bob Ferguson anunció que su oficina está tomando acciones para combatir servicios ilegales de inmigración  y acabar con el fraude “notario”.  La oficina del Procurador emprendió acciones judiciales contra cuatro empresas involucradas en manejos fraudulentos contra los inmigrantes de Washington. Ferguson también anunció una subvención de $125,000 para prevenir el fraude de los servicios de inmigración y garantizar que los inmigrantes tengan mejor acceso a la asistencia legal. 

Junto con los líderes de la comunidad del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, OneAmerica, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y el Centro Chino de Servicios e Información, Ferguson anunció que estas acciones son parte de una iniciativa para mejorar el cumplimiento de las leyes que protegen a los consumidores de Washington de la asistencia no autorizada en asuntos de inmigración. 

“No toleraremos los llamados asistentes de inmigración que asedian a los residentes de Washington, quienes trabajan duro para cumplir con las complejas leyes de inmigración federal”, dijo Ferguson. “El fraude de los servicios de inmigración tiene consecuencias directas en las familias de Washington y mi oficina se compromete a interponer acciones judiciales contra estos fraudes”.

Fraude en los servicios de inmigración

El fraude en servicios de inmigración o fraude “notario” es ilegal según la Ley de Prevención del Fraude en los Servicios de Inmigración (ISFPA, Immigration Services Fraud Prevention Act) del Estado de Washington. Promulgada en 2011 a pedido de la Oficina del Procurador General, la ley protege a los consumidores de los entes no autorizados que venden asistencia para completar los formularios de inmigración e introducirse en el proceso de inmigración, algo que legalmente solo pueden ofrecer abogados calificados y representantes autorizados. 

Estos “consultores” de inmigración sin licencia suelen ser notarios públicos que asedian a clientes inmigrantes y se refieren a sí mismos como “notarios” o “notarios públicos”, términos con los que se conoce a los abogados o individuos con capacitación legal avanzada en los países de Latinoamérica.

La ISFPA específicamente prohíbe el uso en publicidades de estos y otros términos engañosos que implican competencias legales profesionales en el área de la ley de inmigración. 

Aunque el fraude a los servicios de inmigración prevalece en muchas comunidades latinas, también afecta a otras comunidades inmigrantes como africanos del Norte y del Oeste, coreanos, chinos, vietnamitas, rusos y ucranianos.

El fraude en servicios de inmigración compromete el estado legal de los inmigrantes desprevenidos y pone en riesgo la posibilidad de vivir y trabajar en los Estados Unidos, además de tomar su dinero duramente ganado a cambio de dudosos servicios.  En los peores casos, los consumidores que aseguraban haber cumplido con los requisitos de residencia legal permanente terminaron en el procedimiento de deportación. 

La Procuraduría General aumenta las acciones para exigir el cumplimiento

La oficina de Ferguson intensifica el cumplimiento de la ley, lo que incluye cuatro acciones legales radicadas en tribunales:

  • Una acción de $235,000 para hacer cumplir el decreto de consentimiento contra infractores reincidentes de EC New Horizons y EC Horizons, y sus propietarios Edwin Cruz y Maurice Terry de Lakewood, por brindar asistencia ilegal sobre inmigración a más de 400 víctimas de Washington. 
  • Un decreto de consentimiento que aplica a Rosi Immigration Services en Tacoma sanciones y multas por $16,955, lo que prohíbe la conducta ilegal y resulta en el cierre de la empresa. 
  • Un decreto de consentimiento que aplica sanciones civiles por $8,000 y $1,500 más por costos y honorarios contra Servicio en Español LLC en Everett, además de la prohibición de nuevas conductas ilegales.
  • Un decreto de consentimiento aparte que aplica sanciones civiles por $8,000 y $1,500 más por los costos y honorarios contra Orona & Associates, también en Everett, con la prohibición de nuevas conductas ilegales.

Demanda contra infractores reincidentes

En 2011, la Oficina del Procurador General demandó a EC New Horizons y EC Horizons tras una investigación que reveló que Cruz y Terry brindaban asesoramiento legal deshonesto y que se presentaban como consultores de inmigración. El resultado fue un decreto de consentimiento aprobado por un tribunal que prohíbe futuras violaciones a la ley y que impone $6,000 de costos y honorarios, más $37,000 en sanciones civiles. Si ellos cumplían con el decreto de consentimiento, una gran parte de esas sanciones quedaba suspendida.

Eso nunca sucedió. Las empresas asociadas asediaron a aproximadamente 400 víctimas nuevas con “servicios” ilegales de inmigración. 

La oficina de Ferguson ahora busca sanciones más duras en la Corte Superior del Condado de Pierce.  La demanda del estado busca el pago de las sanciones civiles anteriormente suspendidas, más un adicional de $25,000 de sanción civil tanto para Cruz como para Terry por violaciones al Decreto de Consentimiento.  La Procuraduría General también busca $150,000 en resarcimiento a las víctimas, un nuevo compromiso para no volver a involucrarse en servicios de inmigración similares, más costos y honorarios.

Sanciones civiles aplicadas por publicidad ilegal

Como parte de los esfuerzos intensificados para hacer cumplir la ley, los investigadores de la Oficina del Procurador General identificaron tres empresas sin abogados entre su personal que publicitaban servicios que legalmente no podían ofrecer. Servicios de inmigración Rosi en Tacoma, un autoproclamado “especialista en inmigraciones”, brindó asesoramiento legal sin autorización a 156 personas desde 2011, lo que representaba el 95 % del negocio general de la empresa. 

Servicio En Español y Orona & Associates, ambos situados en Everett, decían ser “notarios públicos” y ofrecían asistencial legal variada de manera ilícita. 

Los decretos de consentimiento presentados hoy prohíben a las tres empresas seguir violando la ISFPA y aplican sanciones, costos y honorarios, como se describió anteriormente. 

Prevención del fraude en los servicios de inmigración 

El Procurador Ferguson también anunció que su oficina asignó $125,000 para el Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (Northwest Immigrant Rights Project, NWIRP) para combatir la práctica no autorizada de la ley de inmigración. NWIRP, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a personas de más de 150 países, usará los fondos para prevenir el fraude notario mediante la educación y el compromiso, además de brindar asistencia legal a víctimas reales y potenciales de este fraude. 

“Nos entusiasma poder trabajar con la Oficina del Procurador General del Estado de Washington para ayudar a prevenir el fraude notario”, dijo Jorge L. Barón, director ejecutivo del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP).  “NWIRP está orgulloso de poder lanzar este nuevo proyecto no solo para educar a los miembros de la comunidad sobre cómo obtener el tipo correcto de ayuda en asuntos migratorios sino también para brindar asesoramiento legal a aquellos que no pueden costear un abogado particular”. 

El Procurador General Ferguson y los líderes de la comunidad instaron a los inmigrantes a tener cuidado a la hora de contratar a un consultor en inmigraciones.  Siempre revisen las credenciales y asegúrense de que toda persona que presente una solicitud de inmigración en su nombre esté autorizada a prestar servicios relacionados a la inmigración, antes de pagar cualquier suma de dinero o brindar información personal. 

A continuación, les damos algunos consejos más:

  • Si una persona dice ser abogado, pídale su matrícula. Un abogado real no se ofenderá con este pedido.
  • Realice una “búsqueda de abogados” en el sitio web del Colegio de Abogados del Estado de Washington, www.wsba.org, para ver si esa persona está autorizada para practicar el derecho en Washington.
  • Si una persona está autorizada a practicar el derecho en otro estado, asegúrese de verificar el registro de abogados autorizados de ese estado.
  • Para verificar si una persona u organización está autorizada conforme a la ley federal a prestar servicios de inmigración, busque en www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm.

Aquí hay varios recursos para ayudar a los consumidores a encontrar asistencia calificada en inmigraciones:

Cómo presentar un reclamo ante la Oficina del Procurador General

Lamentablemente, el fraude en los servicios de inmigración no siempre se denuncia porque las víctimas tienen miedo de proceder.

Las leyes de protección al consumidor de Washington protegen a todas las personas que viven en nuestro estado. La Oficina del Procurador General está para ayudar a todos los consumidores.

Nuestra oficina no es parte del gobierno federal y no entregará información a las autoridades de inmigraciones. 

Si considera que ha sido víctima de un fraude en servicios de inmigración, presente un reclamo ante la Oficina del Procurador General en www.atg.wa.gov o llame al 1-800-551-4636 entre las 10 a. m. y las 3 p. m. los días hábiles.

Podemos tomar llamadas en varios idiomas.

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La Oficina del Procurador General es la oficina judicial principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones en todo el estado que prestan servicios legales a aproximadamente 200 agencias estatales, organismos y comisiones. El Procurador General Bob Ferguson está trabajando duramente para proteger a los consumidores y a las personas de la tercera edad contra el fraude, mantener seguras nuestras comunidades, proteger nuestro ambiente y defender a nuestros veteranos. Visite www.atg.wa.gov para obtener más información.