Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

FOR IMMEDIATE RELEASE: 
Dec 17 2019

Los inmigrantes que acuden a los tribunales por infracciones de tránsito o por trámites ordinarios son el blanco de los arrestos civiles de inmigración que ocurren en las cortes.

OLYMPIA — El procurador general Bob Ferguson presentó hoy una demanda federal contra la Administración de Trump por arrestar a inmigrantes en los tribunales de Washington o en sus alrededores. Esta práctica es perjudicial para la seguridad pública y el sistema de justicia de Washington.

Desde el 2017, las autoridades de inmigración han arrestado a cientos de inmigrantes en los tribunales de Washington o en susalrededores. Contrariamente a lo que alegan los funcionarios de inmigración, las pruebas demuestran que estas detenciones no se limitan a personas peligrosas. Muchas de estas personas van a tribunales porque fueron víctimas de delitos o por cargos no violentos, como delitos de tránsito, sin poseer antecedentes criminales. Otros fueron a Corte para registrar vehículos motorizados, pagar multas de tránsito o acompañar a un familiar al tribunal.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, Immigration & Customs Enforcement) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, Customs & Border Protection), alega que los arrestos en los tribunales son ilegales e inconstitucionales. La conducta del DHS crea un obstáculo para que los inmigrantes accedan a la justicia y hace que el público esté menos seguro.

Cualquier persona que desee compartir información sobre arrestos federales de inmigración en los tribunales de Washington o en sus cercanías, incluidas personas afectada por tal práctica, debe comunicarse con la Oficina del Procurador General llamando al (833) 660-4877 y eligiendo la opción 6 del menú. Los mensajes se pueden dejar en cualquier idioma. También puede enviar un correo electrónico a la Oficina del Procurador General a courthousearrests@atg.wa.gov.

Un juez de Massachusetts emitió recientemente una orden judicial que bloquea la práctica de los arrestos en tribunales, mientras que en paralelo continúa una demanda separada contra tal práctica. “Cada día que la amenaza de arrestos del ICE siga existiendo sobre los tribunales de Massachusetts… bien podría suceder que algunos casos penales y civiles del estado  no sean procesados por falta de participación de víctimas o testigos”, escribió el juez.

El DHS arresta en los tribunales a un individuo sin antecedentes penales o condenas previas

Desde el 2017, se han reportado cientos de arrestos civiles de inmigrantes en los tribunales de Washington, en 20 condados alrededor del estado: Adams, Benton, Clark, Cowlitz, Franklin, Grant, Grays Harbor, King, Kitsap, Kittitas, Mason, Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom y Yakima.

En enero del 2018, el DHS emitió formalmente una directiva y “preguntas frecuentes” en las que admitían sus prácticas de cumplimiento en los tribunales. Los documentos sugieren que los arrestos en tribunales tienen como objetivo a individuos específicos, incluidos aquellos con “condenas criminales, miembros de pandillas, amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública”.

Contrariamente a las justificaciones públicas proporcionadas por el DHS, la Oficina del Procurador General recogió evidencia significativa de que muchas de las personas que el DHS ha arrestado en los tribunales de Washington no tienen antecedentes penales o condenas previas. Muchos estaban en los tribunales por procedimientos rutinarios, como infracciones de tránsito. El DHS también ha detenido a víctimas de delitos o a quienes comparecen ante los tribunales para buscar protección contra la violencia, por ejemplo, solicitando órdenes de protección contra los agresores.

  • Los agentes federales arrestaron a una persona sobreviviente de violencia doméstica afuera de un tribunal del condado de Grant cuando esta persona estaba tratando de obtener una orden de protección.
  • En marzo del 2018, el DHS arrestó a un hombre en un tribunal del condado de Grant después de asistir a una audiencia por conducir sin licencia. Su esposa, que lo esperaba en el automóvil mientras su hijo dormía, no recibió información sobre dónde encontrarlo.
  • En octubre del 2018, agentes de inmigración arrestaron a una mujer que asistía al tribunal en el condado de Adams por un accidente automovilístico. Esta mujer tenía bajo su cuidado a sus cinco hijos, con edades comprendidas entre los 10 meses y los 10 años. Solo después de dos semanas, su hijo mayor recibió una llamada en la que se le informaba que su madre había sido arrestada y estaba en detención de inmigrantes.
  • En marzo del 2019, el DHS arrestó en el tribunal de Ephrata, en el condado de Grant, a un padre de familia que se encontraba allí por una multa por no tener seguro automovilístico adecuado. Este hombre está casado con una ciudadana estadounidense, tiene hijos estadounidenses y tenía una solicitud pendiente de residencia permanente en el momento de su arresto.
  • El DHS arrestó a algunas personas que comparecieron ante el tribunal por cargos más graves. Sin embargo, en algunos de estos casos se indica en los informes que estas personas todavía no habían sido condenadas por delito alguno y no tenían antecedentes de condenas anteriores.

Los arrestos en los juzgados están haciendo que la gente se sienta menos segura

Los tribunales son instituciones fundamentales del sistema de justicia penal. La Oficina del Procurador General descubrió pruebas a nivel estatal de que la conducta del DHS hace que los testigos, las víctimas y otras personas se nieguen a entrar en los tribunales. Su negativa a participar en el sistema de justicia penal reduce la seguridad pública.

La conducta del DHS disuade a las víctimas de delitos de presentar denuncias ante las autoridades estatales y locales, lo que ayuda a que los delincuentes queden en libertad. Por ejemplo, un residente de Washington que fue asaltado mientras intentaba alquilar un apartamento se negó a denunciar el crimen porque temía que el DHS lo arrestara si iba al tribunal.

En una declaración, el fiscal del condado de Thurston, Jon Tunheim, escribió: “Específicamente, las víctimas indocumentadas de violencia doméstica han expresado a sus defensores que ya no se sienten seguras al denunciar abusos a las autoridades por temor a la deportación. Esto deja a las víctimas y a sus familias en alto riesgo de abuso. Los perpetradores con estatus legal usan ese privilegio como una táctica de control adicional contra las víctimas indocumentadas al amenazar consistentemente con deportarlos y separarlos de sus hijos”.

El fiscal del condado de King, Dan Satterberg, escribió: “Nadie se siente más seguro si las víctimas de delitos temen ser deportadas si llaman al 911, hablan con la policía o acuden a los tribunales para testificar u obtener protección. Los crímenes violentos impunes nos amenazan a todos, y la política actual del DHS de realizar arrestos por inmigración en los tribunales estatales y locales pone en peligro la seguridad pública”.

“Tratados como animales”

La Oficina del Procurador General obtuvo más de 30 declaraciones de ciudadanos de Washington que han presenciado o experimentado los impactos de los arrestos del gobierno federal en los tribunales, incluidos jueces, fiscales, defensores públicos, abogados defensores, administradores de tribunales, intérpretes de tribunales y defensores comunitarios.

  • Un hombre, de iniciales S. G., describió cómo los oficiales de inmigración le rasgaron la ropa y se burlaron de él cuando lo arrestaron en un tribunal. Él es padre de tres niños pequeños, todos ciudadanos estadounidenses. Después del arresto, estuvo detenido durante 80 días. “Me sentí y me vi a mí mismo tratado como un animal”.
  • El abogado de S. G., un antiguo agente de policía, escribió: “En mis largos años en la aplicación de la ley, la conducta y los procedimientos mostrados por los agentes de la CBP fueron algunos de los peores que he presenciado. […] Soy partidario de la política de inmigración del presidente Trump y soy un firme partidario de la aplicación de la ley. Me entristece tener que escribir sobre la conducta abusiva, si no ilegal, de estos oficiales de la CBP y la clara indiferencia de su conducta por parte de sus superiores”.
  • Un defensor público en Spokane escribió: “Los impactos negativos en el sistema de justicia penal van más allá de los acusados individuales y afectan a las víctimas, los testigos y otros que temen que el ICE esté usando el sistema de tribunales estatales como cebo para sus operaciones de cumplimiento”.
  • El director estatal de abogacía del mayor proveedor de asistencia jurídica de Washington, Northwest Justice Project (NJP), escribió que la práctica de arresto en los tribunales “permite la violencia familiar. […] Para muchas personas, los posibles daños a los que se enfrentan al acudir a los tribunales son tan insostenibles que simplemente se niegan a participar en el proceso legal y se exponen así al riesgo de violencia en el futuro”.
  • Un intérprete de tribunales escribió: “He interpretado muchas entrevistas con víctimas y testigos en las que una víctima o un testigo expresa su preocupación por el estado migratorio y luego se niega a participar por sí mismo o se niega, por cuestiones de inmigración, a proporcionar información de contacto de otro testigo con información clave”.
  • El juez de distrito del condado de Thurston, Brett Buckley, escribió: “Este tipo de acción de aplicación de la ley tiene graves efectos escalofriantes en la capacidad y la voluntad de las poblaciones afectadas de acceder a la justicia”.
  • Un exdefensor de víctimas del condado de Snohomish escribió: “La manera en que el estado migratorio (de mi cliente) fue usado en su contra para tratar de evitar que participara en el sistema de justicia criminal me hace enojar. (Él) fue violentamente agredido. Hizo lo correcto al denunciar el ataque a la policía, y la condena del atacante puede evitar que alguien más sea atacado de manera violenta en el futuro. El hecho de que (mi cliente) me llamara desde la detención de inmigración para decirme que estaba detenido por haber participado en el sistema de justicia penal fue extremadamente difícil de escuchar para mí”.

Reclamaciones legales

Las personas tienen el derecho constitucional de acceder a los tribunales. Los arrestos civiles que tienen lugar en los tribunales y sus alrededores infringen los privilegios de larga data del derecho consuetudinario contra tales arrestos. La conducta del DHS infringe la Décima Enmienda, que otorga a los estados la autonomía para controlar la operación de sus judicaturas y juzgar crímenes sin interferencia federal.

Los arrestos en los tribunales también infringen la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), que impide que el gobierno federal promulgue una política que infrinja la ley. El Congreso no ha otorgado al DHS la autoridad para llevar a cabo arrestos en los tribunales, y la agencia no consideró el daño que la política causaría a los tribunales estatales.

La jefa de la División de Derechos Civiles, Colleen Melody, y los subprocuradores generales, Marsha Chien y Mitch Riese, junto con la División de Derechos Civiles Wing Luke de la Oficina del Procurador General, se encargan del caso en Washington.

Ferguson creó la  División de Derechos Civiles Wing Luke (Wing Luke Civil Rights Unit) en el 2015 para proteger los derechos de todos los residentes del estado de Washington mediante el cumplimiento de las leyes estatales y federales contra la discriminación. Ferguson nombró a la división en memoria de Wing Luke, quien se desempeñó como Subprocurador General para el estado de Washington a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Luego se convirtió en la primera persona de color elegida para el Concejo Municipal de Seattle y la primera persona asiática-estadounidense elegida para un cargo público en el Noroeste del Pacífico.

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La Oficina del Procurador General es la oficina legal principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones a través del estado que proveen servicios legales a aproximadamente 200 agencias, juntas y comisiones estatales. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.

Contactos:

Brionna Aho, Directora de Comunicaciones, (360) 753-2727; brionna.aho@atg.wa.gov