Other LanguagesLa compañía de autobuses permitió con regularidad que CBP llevara a cabo redadas sin tener una orden judicial desde por lo menos el 2013.
SPOKANE — El Procurador General Bob Ferguson ha iniciado una demanda en la corte superior del condado de Spokane contra Greyhound Lines, Inc. La demanda busca hacer responsable a la compañía de autobuses Greyhound por su práctica de permitir que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (U.S. Customs & Border Protection) (CBP) aborden los autobuses para llevar a cabo redadas de los pasajeros de Greyhound sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable en el Spokane Intermodal Center, y por negarse repetidamente a implementar reformas para proteger a los pasajeros.
La demanda alega que las prácticas de Greyhound violan la Ley de Protección al Consumidor y la Ley Contra la Discriminación de Washington. La acción legal del Procurador General se presentó más de un año después de que Ferguson comenzara a pedirle a Greyhound que proteja a sus clientes de las redadas migratorias llevadas a cabo por los agentes del CBP en sus autobuses sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable. Por ejemplo, desde la primera vez que se comunicó con Greyhound, Ferguson ha instado a Greyhound a notificar apropiadamente a sus clientes sobre el riesgo de redada, implementar una política corporativa clara negándole permiso a CBP de abordar sus autobuses sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable, y proveer capacitación a sus conductores sobre cómo comunicar esa política a los agentes.
Greyhound se negó continuamente a implementar estos cambios para proteger a sus clientes.
A pesar de sus declaraciones públicas de febrero de 2020 en las que indicó que ya no permitiría que se lleven a cabo las redadas sin orden judicial, Greyhound aún no ha actualizado sus políticas disponibles al público general. La compañía sigue fallando en su deber de proveer notificación adecuada a sus clientes sobre el riesgo de que sean sometidos a redadas sin orden judicial. Greyhound continúa sugiriendo erróneamente en su sitio web que la compañía no tiene otra opción más que permitir que los agentes de inmigración aborden sus autobuses y lleven a cabo redadas, a pesar de que durante meses la compañía ha estado consciente de que los agentes del CPB contradicen su punto de vista.
“Greyhound tiene que reformar sus prácticas y advertirles a sus clientes del riesgo que corren de ser interrogados sin causa por agentes de inmigración,” dijo Ferguson. “Los clientes de Greyhound han sufrido por demasiado tiempo a causa de la indiferencia de la compañía. La reciente revocación pública de sus prácticas por Greyhound no es suficiente para borrar los impactos negativos de su conducta.”
Individuos afectados por las redadas migratorias sin orden judicial en los autobuses de Greyhound
La demanda de Ferguson alega que Greyhound ha permitido que se lleven a cabo las redadas en sus autobuses desde por lo menos 2013. Greyhound reconoció públicamente las redadas en 2018. Greyhound ha reconocido públicamente desde por lo menos mediados de 2018 que las redadas migratorias que lleva a cabo CBP en sus autobuses dañan a los pasajeros de Greyhound.
Sin aviso previo de las redadas, muchos pasajeros—incluso aquellos con estatus legal—sufren atrasos, estrés y vergüenza. Las redadas migratorias en los autobuses de Greyhound atrasan el viaje de todos los pasajeros. Durante las redadas, los latinos y otros pasajeros de color, sin importar su estatus migratorio, son interrogados libremente, y frecuentemente se les pide que bajen del autobús. Los agentes del CBP les revisan su equipaje. En ocasiones, los agentes del CBP detienen o arrestan pasajeros mientras los demás observan.
Los medios de comunicación han reportado varias de estas situaciones. Por ejemplo, un recipiente de DACA y su padre fueron detenidos después de que los agentes del CBP abordaron su autobús de Greyhound.
“Yo tenía DACA. Me dijeron que se había vencido,” le dijo el hijo a un reportero. “Me dijeron que Trump ya había quitado eso”.
Los agentes no tenían razón. El hijo sí tenía DACA, lo cual significa que está protegido de las acciones de ejecución migratorias. Lo soltaron unas horas después, cuando su madre envió una foto de sus documentos por texto. Los agentes del CBP se llevaron a su padre al centro de detención de Tacoma.
“Ojalá pusieran un aviso en el sitio web de Greyhound o algún tipo de anuncio para que uno lleve sus documentos consigo,” dijo el hijo.
Otro informe detalló un incidente que involucró a una madre que viajaba hacia su hogar después de pasar tiempo con sus hijas en Seattle para recuperarse de un derrame cerebral. La detuvieron durante dos noches tras retirarla del autobús en el Intermodal Center. Ella les dijo a los reporteros que, mientras estaba en la cárcel, tenía miedo de tener otro derrame cerebral, porque su pulso estaba muy acelerado.
“Muy, muy mala experiencia cuando estuve en la cárcel,” dijo ella. “Jamás he estado en la cárcel antes, y no había nadie allí para ayudarme. Estaba totalmente sola”.
En enero de 2019, el comediante Mohanad Elshieky fue sacado de su autobús Greyhound en Spokane, detenido e interrogado por agentes del CBP que lo acusaron de estar en el país ilegalmente, a pesar de que estaba en los EE. UU. legalmente.
A Elshieky se le otorgó asilo en EE. UU. y estaba procesando su residencia permanente. Él huyó de la guerra civil en su país natal, Libia. Después de que lo sacaron del autobús de Greyhound, describe haber tenido un viaje de autobús lleno de lágrimas y ansiedad por temor a que lo enviaran de regreso a Libia. Les ha dicho a los medios que todavía tiene pesadillas.
“He sido detenido e interrogado antes por personas que son miembros de una milicia, donde no hay leyes para evitar que lo hagan,” le dijo a un reportero. “Esto demuestra que personas alrededor del mundo pueden tener la misma mentalidad, lo cual no está bien. Es un abuso de poder que debe parar”.
El comportamiento de Greyhound ha causado y continúa causando que sus pasajeros sufran atrasos, pierdan sus conexiones, sientan alarma, temor, sean interrogados, registrados y detenidos por agentes federales de inmigración y/o sufran discriminación a base de raza, color y/o nacionalidad.
Resistencia de Greyhound ante la presión pública
La oficina de Ferguson comenzó a urgir a Greyhound a que cambiara su práctica de voluntariamente permitir las redadas en febrero de 2019. Greyhound se rehusó a cambiar sus prácticas. Ferguson le envió una carta a Greyhound el 28 de mayo, exigiendo que Greyhound hiciera reformas específicas para proteger sus clientes, incluyendo:
- Notificación adecuada en los puntos de venta a los clientes sobre los riesgos de redadas sin orden judicial ni sospecha razonable;
- Una política corporativa clara indicando que denegaría permiso a los agentes del CBP de abordar sus autobuses sin órdenes judiciales o sospecha razonable; y
- Capacitación a sus conductores para que comuniquen la política corporativa a los agentes del CBP.
Greyhound se negó. La compañía siguió fallando en proveer avisos adecuados a sus clientes sobre el riesgo de las redadas migratorias en sus autobuses. Además, se negó a implementar una política corporativa para denegar permiso a los agentes del CBP para abordar sus autobuses sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable. Finalmente, la compañía se rehusó a proveer entrenamiento actualizado a sus conductores y agentes sobre el mismo tema.
En respuesta a la creciente presión pública resultante de la cobertura de las redadas en los medios, la compañía se comunicó privadamente con CBP en abril de 2018. La demanda alega que, según un empleado federal que recontó una conversación con Greyhound, la compañía expresó que seguía comprometida a apoyar las acciones de ejecución del CBP, pero se sentía “abandonada” por el CBP ante la presión pública.
Greyhound se niega a cambiar sus prácticas, contradiciendo sus declaraciones públicas
Durante años, Greyhound mantuvo que la compañía “estaba obligada a cumplir con la ley permitiendo que los agentes de la Patrulla Fronteriza aborden los autobuses cuando pedían hacerlo,” a pesar de que los materiales del CBP mismo contradecían esa declaración, ya que esos materiales dicen que los agentes solo pueden abordar los autobuses con el permiso de la compañía de autobuses.
En febrero de este año, apareció un memorándum de la entonces jefa de la Patrulla Fronteriza Carla Provost confirmando la alegación de Ferguson de que los agentes del CBP solo pueden llevar a cabo redadas migratorias sin orden judicial a bordo de los autobuses con el consentimiento del propietario o los empleados de la compañía. El memorándum desacreditó la posición pública de Greyhound y confirmó el análisis legal de Ferguson, que él compartió con la compañía en 2019. Una semana después de que los medios cubrieran el tema del memorándum, Greyhound avisó a los medios que ya no permitiría que se llevaran a cabo las redadas.
Sin embargo, a pesar de sus declaraciones a los medios, Greyhound sigue sin cambiar las políticas disponibles al público en sus sitios web con respecto a las redadas migratorias. En su lugar, sus sitios web continúan comunicando errónea y engañosamente que Greyhound no tiene otra opción más que permitir que los agentes federales de inmigración aborden sus autobuses. Además, Greyhound no ha actualizado sus prácticas de venta para proveer notificación específica o adecuada en los puntos de venta, ya sea en persona o por internet o teléfono, para avisar que se pueden sufrir interrupciones de viaje y otros efectos por las redadas migratorias en sus autobuses o terminales de autobús en Spokane y en otras partes. Asimismo, Greyhound no ha proveído ninguna notificación o advertencia de que es más probable que los pasajeros no ciudadanos y latinos u otros pasajeros de color sufran interrogatorios, inspección, detenciones o arrestos. Por esta razón, es posible que los pasajeros sigan sufriendo redadas migratorias inesperadas en los autobuses de Greyhound.
Ferguson alega que el comportamiento de Greyhound viola la Ley de Protección al Consumidor y la Ley Contra la Discriminación de Washington.
La demanda de Ferguson alega que el comportamiento de Greyhound viola la prohibición de la Ley de Protección del Consumidor estatal de utilizar prácticas comerciales “injustas o engañosas”.
La demanda de Ferguson también alega que el comportamiento de Greyhound viola la Ley Contra la Discriminación de Washington. Greyhound sabe que su política daña desproporcionadamente a sus pasajeros latinos y pasajeros de color, sin importar su estatus migratorio.
La demanda de Ferguson exige que Greyhound cambie sus prácticas proporcionando una notificación adecuada a sus clientes sobre el riesgo de sufrir redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable. La notificación apropiada asegurará que los residentes de Washington puedan tomar una decisión informada cuando compran un boleto de Greyhound. La notificación adecuada también evitará que Greyhound gane una ventaja injusta sobre sus competidores, otras compañías de autobuses de pasajeros que funcionan en Spokane y han tomado medidas para mejor proteger a sus pasajeros.
Ferguson pide una orden del tribunal que prohíba que Greyhound permita que se lleven a cabo redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable a bordo de sus autobuses, y penalidades para hacer responsable a la empresa por su comportamiento pasado.
Toda persona que haya sido afectada por una redada migratoria en un autobús de Greyhound en Spokane Intermodal Center o en cualquier otro lugar de Washington, debe comunicarse con la División de Derechos Civiles Wing Luke de la Oficina del Procurador General de Washington, llamando al 1-833-660-4877, y elegir la opción 8 del menú principal o enviar un correo electrónico a Greyhound@atg.wa.gov.
Los Subprocuradores Lane Polozola y Yesica Hernandez de la División de Derechos Civiles Wing Luke de la Oficina del Procurador General de Washington están manejando el caso para Washington.
Ferguson creó la División de Derechos Civiles Wing Luke (Wing Luke Civil Rights Unit) en el 2015 para proteger los derechos de todos los residentes del estado de Washington mediante el cumplimiento de las leyes estatales y federales contra la discriminación. Ferguson nombró a la división en memoria de Wing Luke, quien se desempeñó como Subprocurador General para el estado de Washington a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Luego se convirtió en la primera persona de color elegida para el Concejo Municipal de Seattle y la primera persona asiática-estadounidense elegida para un cargo público en el Noroeste del Pacífico.
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La Oficina del Procurador General es la oficina legal principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones a través del estado que proveen servicios legales a aproximadamente 200 agencias, juntas y comisiones estatales. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.
Contactos:
Brionna Aho, Directora de Comunicaciones, (360) 753-2727; brionna.aho@atg.wa.gov